En entrevista, el diputado local Jesús Urióstegui García proporcionó detalles clave sobre el proceso en marcha para la elección de jueces y magistrados en Guerrero, que se llevará a cabo bajo un formato técnico, administrativo y legislativo, con la participación activa de los tres poderes del estado.
El legislador destacó que el proceso comenzó oficialmente este mes, con la instalación de mesas técnicas que permitirán construir una propuesta conjunta que cumpla con las necesidades del estado y garantice la calidad del ejercicio. «Sabemos que este ejercicio no depende únicamente de la determinación del Poder Legislativo. Debemos crear consensos y escuchar todas las voces, para que podamos transitar en un proceso que nos permita tener todas las condiciones para llevarlo a cabo», comentó.
Urióstegui enfatizó que la elección de jueces y magistrados es un asunto que involucra no solo voluntad política, sino también consideraciones económicas. Aseguró que los costos asociados a esta elección extraordinaria son elevados, pues no se trata solo de imprimir boletas, sino de contratar personal y realizar todo el proceso como si fuera una elección general. Además, subrayó que el presupuesto presentado por la Gobernadora no contemplaba estos gastos, y que los recortes presupuestales a nivel federal complican aún más la situación.
Propuesta para marzo, pero con cautela.
En cuanto al cronograma, el diputado afirmó que se espera tener una propuesta final para marzo de este año, pero destacó que el proceso no tiene que apresurarse: «No se trata de hacer algo al vapor. Queremos que todo esté perfectamente consensuado y trabajado de manera técnica, administrativa y jurídica», dijo.
Urióstegui también respondió a la preocupación planteada por la diputada Cidlali, quien había señalado que podría no haber condiciones para realizar la elección este año. El diputado reiteró que están analizando la viabilidad, pero dejó claro que el proceso es complejo y requiere tiempo para garantizar que todas las voces, incluyendo las del Poder Judicial y la Gobernadora, sean escuchadas.
Desafíos legales y económicos
Uno de los principales retos que enfrenta el proceso es el impacto económico y la posible falta de recursos. «Habremos de analizar las leyes secundarias y todo lo relacionado con la facultad de los nuevos juzgadores. Este proceso no solo implica la elección, sino también la estructuración de nuevas leyes y la asignación de recursos», explicó Urióstegui.
Sobre la posibilidad de que la reforma judicial sea aprobada este año, el diputado dejó claro que si bien existe un compromiso por avanzar, el tema requiere de un análisis exhaustivo. «No podemos tomar decisiones precipitadas. El objetivo es hacer las cosas bien, para que no haya lagunas legales ni situaciones administrativas que afecten el sistema judicial», señaló.
Situación interna del partido y la relación con Félix Salgado Macedonio
En otro tema, el diputado comentó sobre la reciente visita de Claudia Sheinbaum a Guerrero y las implicaciones de la reforma electoral propuesta para el 2030. Aunque Urióstegui se mostró optimista por la visita de la presidenta de la República, explicó que la iniciativa aún está en fase de análisis y que los tiempos y la forma en que se enviará la propuesta son fundamentales para su discusión en el Congreso.
Sobre la relación con el senador Félix Salgado Macedonio, quien también forma parte del mismo grupo político, Urióstegui expresó su respeto por el trabajo y la trayectoria del legislador. “Félix Salgado es una persona con mucha historia en el servicio público. Vamos a esperar los tiempos para ver cómo se desarrollan los proyectos dentro de nuestro partido”, indicó.
Urióstegui destacó que el proceso para elegir jueces y magistrados en Guerrero está en marcha y avanza con cautela. Si bien el escenario es complejo debido a los desafíos financieros y legales, la disposición para encontrar consensos entre los poderes es firme. Con mesas técnicas y un calendario de trabajo en marcha, se espera que en los próximos meses se logren avances significativos hacia una reforma judicial que beneficie a la ciudadanía y refuerce la justicia en el estado.
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