Un grupo de intereses ocultos intenta apoderarse del relleno sanitario de Matlalapa y convertirlo en un negocio privado, a costa de los municipios y dejando sin empleo a la población local. Detrás de esta maniobra está Antonio Colín Ramírez, quien busca imponer una empresa privada para administrar el sitio y cobrar por la disposición de los residuos de Chilpancingo y Tixtla.
La verdadera inconformidad en Matlalapa no radica en la operación del relleno sanitario, sino en quién se beneficiará económicamente de su administración. Colín Ramírez pretende manejar el sitio como una concesión privada, desplazando a los habitantes que están dispuestos a trabajar en el relleno y dejándolos sin una fuente de ingresos legítima.
Lo más alarmante es que, a pesar de que el relleno sanitario cumple con los dictámenes técnicos, documentación y medidas ambientales necesarias, se ha creado una campaña de desinformación para generar caos y confusión entre la población. Se ha intentado desacreditar el proyecto con el argumento de que la geomembrana es vieja, cuando en realidad fue sustituida recientemente, luego de que la anterior fuera sustraída. Además, el relleno cuenta con una cisterna para el manejo de lixiviados, evitando la contaminación del suelo y los mantos acuíferos.
Detrás de esta maniobra está el historial cuestionable de Antonio Colín, quien ya ha sido señalado por falta de transparencia en su paso por la administración de René Juárez Cisneros, donde fue cesado por irregularidades en su gestión. Ahora, intenta manipular la situación en Matlalapa para su beneficio personal, dejando en el abandono a los pobladores que ven en este proyecto una oportunidad de empleo.
Mientras las autoridades municipales buscan resolver la crisis de la basura, personajes con antecedentes dudosos intentan lucrar con un problema de interés público, generando incertidumbre y frenando el desarrollo de una solución sostenible.
La comunidad de Matlalapa no está en contra del relleno sanitario, sino de la privatización que pretende imponer un grupo de intereses ajenos al bienestar colectivo. ¿Permitirá el gobierno que la recolección de basura se convierta en un negocio privado, mientras las comunidades quedan desprotegidas y sin oportunidades de trabajo? La ciudadanía merece respuestas claras y acciones firmes ante este intento de monopolizar un servicio esencial.
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